El ministro federal del Interior plantea tres obstáculos legales para frenar la socialización de la vivienda en Berlín

El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), confirmó el esquema de una ley de protección de inversiones destinada a impedir que la esperada coalición rojo-verde-roja de Berlín socialice unas 160.000 viviendas de alquiler de propiedad privada. Su ministerio presentó tres obstáculos propuestos: primero, un gobierno estatal debe demostrar que la socialización es imprescindible y que se han agotado todas las demás opciones en materia de vivienda, incluidas la construcción de nuevas viviendas y las subvenciones; segundo, las empresas afectadas deben ser compensadas al valor de mercado íntegro, determinado mediante una tasación independiente; y tercero, el pago debe realizarse de forma inmediata y totalmente en efectivo, descartando cualquier otra forma de liquidación.

La futura coalición de Berlín había presupuestado solo 16.000 millones de euros para la operación, una cifra considerada muy por debajo de los valores de mercado reales.

El copresidente de Die Linke, Luigi Pantisano, criticó duramente el plan, acusando al Gobierno federal de priorizar los intereses de los accionistas de las empresas inmobiliarias por encima de los de los inquilinos, y argumentó que la ley no superaría el examen del Tribunal Constitucional Federal.

Caren Lay, portavoz de política de vivienda de Die Linke en el Bundestag, calificó la propuesta de Dobrindt de «misión suicida jurídica» que no detendría los planes de socialización de Berlín.

El vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Günter Krings, respaldó la iniciativa y describió las propuestas como «razonables y justas», necesarias para proteger a Alemania como lugar de inversión.

El profesor de derecho constitucional Ulrich Battis advirtió que la exigencia de compensar al valor de mercado íntegro conlleva un riesgo constitucional. Señaló que, si bien el artículo 15 de la Ley Fundamental permite la socialización, remite al artículo 14 en cuanto a la compensación, y es precisamente el artículo 14 el que ofrece flexibilidad mediante una ponderación equitativa de los intereses públicos y privados, sin exigir explícitamente una compensación al valor de mercado íntegro. Consideró que las otras dos condiciones —el pago inmediato en efectivo y la demostración de la necesidad— eran jurídicamente más defendibles.