Estados Unidos impone sanciones generalizadas contra la Corte Penal Internacional

El 10 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la Corte Penal Internacional como institución en su lista de sanciones, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, se comprometía a desmantelar el único tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo. Las sanciones cortan el acceso del tribunal, con sede en La Haya, a los dólares estadounidenses, a los servicios financieros de EE. UU. y a los proveedores tecnológicos estadounidenses, y otorgan a las empresas de ese país un plazo de seis meses para poner fin a sus vínculos con la Corte. La medida intensifica las sanciones individuales impuestas anteriormente a 13 jueces y fiscales de la CPI.

Washington citó la investigación abierta de la CPI sobre presuntos abusos en Afganistán, que podría afectar a personal militar y de inteligencia estadounidense, así como las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza.

La CPI denunció la medida como un "ataque al Estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional", mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el paso como un "golpe grave" a la justicia internacional.

El anuncio se produjo solo horas después de que la jurista sudafricana y exjueza de la CPI Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026, galardón que funcionarios estadounidenses criticaron duramente.