La izquierda, los Verdes y el SPD de Berlín critican con dureza el proyecto de ley de Dobrindt contra la socialización de viviendas
El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), ha presentado un proyecto de Ley de Protección de Inversiones que dificultaría enormemente la socialización de grandes carteras de vivienda privada, lo que ha provocado duras críticas de la izquierda, los Verdes y el SPD de Berlín, que sostienen que una ley federal no puede bloquear lo que la propia Ley Fundamental prevé.
El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), esbozó el domingo en el Bild-Zeitung las líneas generales de un proyecto de Ley de Protección de Inversiones que impondría condiciones estrictas a cualquier futura socialización de grandes carteras de vivienda privada. Según el plan, la socialización solo se permitiría en caso de necesidad imperiosa, y cualquier compensación tendría que pagarse de inmediato en efectivo y al valor de mercado íntegro, determinado mediante una tasación independiente.
La portavoz de la bancada de la Izquierda (Die Linke) en Berlín y candidata principal, Elif Eralp, calificó la propuesta de inconstitucional y declaró en el Morgenmagazin de la ZDF: «No se puede usar una ley federal para hacer imposible lo que prevé la Ley Fundamental y lo que votó la ciudadanía de Berlín». Añadió que el proyecto no tenía nada que ver con la protección de inversiones, sino que era una ley contra los inquilinos berlineses.
El presidente regional de los Verdes, Philmon Ghirmai, dijo al Tagesspiegel que la medida demuestra una falta de respeto hacia los votantes y la calificó de maniobra partidista destinada simplemente a dejar de lado una decisión democrática. El líder regional del SPD, Steffen Krach, fue más contundente al acusar a Dobrindt de actuar «de forma cada vez más oportunista y bochornosa», y señaló lo que calificó como la «falta de planificación clamorosa» de la Unión. Krach también acusó al Gobierno federal de interferir en la campaña electoral berlinesa con ideas de prohibición a medio cocer que, según él, habían contribuido a avivar el debate sobre la socialización desde el principio.
Los tres partidos ya habían acordado en las conversaciones exploratorias de coalición socializar las carteras de las grandes empresas inmobiliarias con más de 10.000 viviendas, con una compensación limitada a un máximo de 16.000 millones de euros, muy por debajo del valor de mercado. El Gobierno federal había anunciado originalmente en julio que quería prohibir por completo la socialización de las grandes empresas de vivienda.
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