Imputan a tres personas por usar IA para suplantar a ejecutivos y robar 129 millones de dólares
Escrito por IA a partir del artículo de cbsnews.com. Sin revisión humana.
Fiscales federales acusaron a tres personas de usar herramientas de inteligencia artificial para clonar las voces y la apariencia de directores ejecutivos y abogados, engañando a empresas para que transfirieran unos 129 millones de dólares durante más de un año y medio.
Los fiscales federales anunciaron el jueves la imputación de Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54, y Guy Sheetrit, de 42, por cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Durante más de un año y medio, el trío habría atacado a miles de empresas en todo el mundo. Enviaban a los departamentos de contabilidad correos electrónicos que supuestamente provenían del director ejecutivo de la empresa, solicitando ayuda con una transacción financiera confidencial. Luego organizaban llamadas telefónicas o videollamadas de seguimiento en las que usaban IA para imitar la voz del ejecutivo y, en algunos casos, su apariencia visual.
A continuación, se indicaba a los empleados que contactaran a un abogado de un importante bufete, un papel que los acusados también estaban preparados para interpretar. Soall, que se hacía pasar principalmente por abogados británicos, supuestamente usaba un guion escrito a mano llamado "Lawyer Call" para sonar creíble.
Luego se instruía a las víctimas a transferir grandes pagos a cuentas bancarias extranjeras; los fondos se convertían posteriormente en criptomonedas para ocultar su origen.
Entre las víctimas se encuentran sistemas hospitalarios de Misuri y California, un banco de Rhode Island, una empresa fintech del Reino Unido, una firma de fondos mutuos de Massachusetts y una empresa de alimento para mascotas de Florida.
Los tres acusados, con vínculos con España, el Reino Unido, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, fueron arrestados entre junio y septiembre. El director asistente a cargo del FBI, James C. Barnacle Jr., dijo que el caso ilustra cómo los delincuentes están utilizando las tecnologías emergentes como armas para cometer fraudes a gran escala. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por la mayoría de los cargos.
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