Las ciudades más visitadas de Europa limitan el turismo para proteger la vivienda

Ante una ola de protestas nacionales por la vivienda inasequible y el estancamiento salarial, los gobiernos de cuatro Estados miembros de la UE decidieron el 18 de octubre de 2026 endurecer o congelar las normas sobre alquileres turísticos de corta duración en sus ciudades más visitadas.

En Bélgica, Bruselas, Gante y Lieja exigen ahora un registro municipal obligatorio y auditorías de cumplimiento de seguridad antes de que cualquier propiedad pueda publicarse en plataformas de alquiler.

Portugal ha suspendido la concesión de nuevas licencias de alojamiento turístico en zonas de alta densidad y ofrece incentivos fiscales de tipo cero a los propietarios que reconviertan apartamentos turísticos existentes en arrendamientos residenciales de larga duración; la relación entre alquiler y salario en Lisboa y Oporto ha alcanzado entre el 70 % y el 80 %.

Francia limita el alquiler turístico de residencias principales a 120 días por año natural y exige a los operadores compensar cada conversión con una vivienda equivalente de larga duración; los alquileres ilegales se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros.

Italia ha hecho obligatorio el código de identificación nacional (CIN) para todos los anuncios y ha elevado el impuesto sobre los alquileres de corta duración del 21 % al 26 % para los operadores con múltiples propiedades, además de imponer límites de ocupación en Florencia, Venecia, Bolonia y Roma.

Los organismos de turismo advirtieron de que la reducción de la oferta encarecerá los alquileres legales restantes, mientras que los defensores del derecho a la vivienda sostienen que las medidas no van lo suficientemente lejos.

Esta ofensiva coordinada está directamente vinculada al movimiento de protesta más amplio que se extendió desde Francia a toda Europa en octubre de 2026.